España y el crowdfunding: la regulación de las plataformas de financiación participativa

La Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, que viene a regular en España el equity crowdfunding así como el crowdlending, ya está en vigor desde el pasado 28 de abril. Esta Ley deja fuera de la regulación elcrowdfunding de recompensa y el de donación y también el crowdlending,cuando el préstamo se realiza sin intereses.

Así ha dejado finalmente la regulación el estado de la cuestión.

Las plataformas y los proyectos de financiación participativa

En relación al concepto de “plataforma de financiación participativa”, la Ley las considera empresas que ejercen su actividad de manera profesional por lo que, de acuerdo con el Código de Comercio, deberán cumplir con los requisitos de habitualidad y profesionalidad.

Deberán haber obtenido la autorización* de la CNMV (las plataformas decrowdlending además deberán contar un informe vinculante del Banco de España) e inscribirse en el propio registro de la CNMV además de en el registro público que corresponda según su naturaleza, es decir, el Registro Mercantil en la mayoría de casos.

*En cuanto a la autorización de la CNMV, merece la pena hacer algunas concreciones prácticas y es que la CNMV cuenta con un plazo de 3 meses para resolver la solicitud, a contar desde el momento en que la recibió o desde el momento en que estaba toda la documentación exigida en regla. En cualquier caso, el plazo no excederá los de 6 meses de máximo. En el caso de que la CNMV no resolviera el expediente en el plazo marcado, se considerará denegada la autorización por silencio administrativo. Si la autorización se concede, las empresas tendrán un plazo máximo de 12 meses para iniciar su actividad o la autorización se entenderá caducada.

En cuanto a la actividad empresarial, el objeto social de estas plataformas será el de poner en contacto, a través de páginas web u otros medios electrónicos, a los inversores con los promotores. Ambas figuras tendrán la consideración de clientes de la plataforma y daré un breve repaso a cada una de las figuras y a su contenido al final de esta entrada.

Quedan finalmente excluidas del concepto de plataforma de financiación participativa aquellas cuya financiación captada por los promotores se origineexclusivamente a partir de donaciones o venta de bienes y servicios, lo que ocurre actualmente en las plataformas de crowdfunding de donación o recompensa, o a partir de préstamos sin intereses.

En cuanto a su ámbito territorial, serán empresas que llevarán a cabo en territorio nacional tanto el ejercicio de la actividad de la plataforma como la participación de los inversores y promotores.

En el caso de que un residente en España participe, por iniciativa propia, ya sea como inversor o como promotor, en una plataforma con domicilio social en el extranjero, no se considerará que el servicio ha tenido lugar en territorio nacional y esta normativa no será aplicable.

Sin embargo, la Ley se encarga de blindar la territorialidad de las actividades de las plataformas, añadiendo una excepción a la excepción: no se considerará que la actividad se pone en marcha a iniciativa propia cuando la plataforma anuncie, promocione o capte clientes o posibles clientes en España odirija sus servicios específicamente a inversores y promotores residentes en territorio español. Lo que, al tener los proyectos de financiación un mayor impacto en el área territorial de actividad, corta de raíz la posibilidad de exportar al extranjero el proyecto de inversión con el fin de evitar los límites de inversión marcados por la Ley, sobre todo a los promotores.

Resumiendo los requisitos que finalmente se le exijirán a las plataformas, son principalmente los siguientes:

  • Que su objeto social exclusivo sea la realización de las actividades propias de las plataformas de financiación participativa, es decir, los que se detallan más abajo en el apartado de servicios.
  • Que tengan su domicilio social, así como su efectiva administración y dirección en territorio nacional o en otro Estado miembro de la Unión Europea. En este punto, dado que tanto la actividad de la plataforma como la participación de los inversores y promotores se han de llevar a cabo en territorio nacional, resulta difícil imaginar una plataforma domiciliada en un Estado miembro de la Unión Europea a la que se le aplique esta normativa, salvo en los casos de la excepción que comenté anteriormente de que la plataforma anuncie, promocione o capte clientes o posibles clientes en España o dirija sus servicios específicamente a inversores y promotores residentes en territorio español.
  • Que tenga forma de sociedad de capital, constituida por tiempo indefinido.
  • Que disponga de una de las siguientes opciones: 1)un capital social de 60.000€ íntegramente desembolsado en efectivo (lo que probablemente deje totalmente fuera a la mayoría de las plataformas de financiación que existen actualmente o que tendrán que formar figuras híbridas con entidades de crédito); 2)un seguro de responsabilidad civil profesional, un aval u otra garantía equivalente que permita hacer frente a la responsabilidad por negligencia en el ejercicio de su actividad profesional, con una cobertura mínima de 300.000 euros por reclamación de daños, y un total de 400.000 euros anuales para todas las reclamaciones o 3) una combinación de capital inicial y de seguro de responsabilidad civil profesional, aval u otra garantía equivalente que dé lugar a un nivel de cobertura equivalente al de las dos opciones anteriores. Ninguna de las dos opciones alternativas al desembolso de los 60.000€ parece aliviar en absoluto la carga del requisito económico de constitución de las plataformas por lo que el ánimo impeditivo de la normativa queda en este punto bastante claro.
  • Que, cuando la suma de la financiación obtenida en los últimos 12 meses por los proyectos publicados en la plataforma sea superior a 2 millones de euros, las plataformas de financiación participativa dispongan de recursos propios de 120.000 euros, como mínimo.
  • Que cumpla con otra serie de requisitos de administración relativos al carácter honorable de los administradores, la organización administrativa y contable o medios adecuados de garantía de la seguridad, confidencialidad, fiabilidad y capacidad del servicio prestado por medios electrónicos, así como mecanismos de prevención para que, en caso de cese de su actividad, se sigan prestando todos o parte de los servicios a los que se comprometió para los proyectos de financiación participativa que hubieran obtenido financiación.

Los servicios que la Ley establece que darán estas plataformas son, fundamentalmente, los de recepción, selección y publicación de proyectos de financiación participativa, así como el desarrollo, establecimiento y explotación de canales de comunicación para facilitar la contratación de la financiación entre inversores y promotores.

También se les permitirá prestar asesoramiento a los promotores en relación con la publicación del proyecto en la plataforma, incluyendo las áreas de tecnología de la información marketing, publicidad y diseño, áreas que no se consideraban incluidas previamente en el proyecto de ley, así como el análisis de los proyectos recibidos, la determinación del nivel de riesgo para los inversores o la habilitación de canales de comunicación a distancia para los usuarios.

Las plataformas tendrán prohibido el realizar recomendaciones personalizadas a los inversores sobre los proyectos publicados en las propias plataformas de financiación participativa. Prohibición con la que habrá que hilar muy fino para distinguir entre la publicidad propia de la plataforma y estas “recomendaciones personalizadas”. Asimismo, tendrán prohibido la concesión directa de créditos o préstamos a los inversores o promotores, el asegurar a los promotores la captación de los fondos o el ejercer actividades reservadas a las entidades de pago, especialmente, la recepción de fondos con la finalidad de pago por cuenta de los inversores o de los promotores, sin contar con la preceptiva autorización de entidad de pago híbrida.

En el caso de las plataformas de inversión, es decir, de equity crowdfunding, habrá dos sistemas de instrumentalización de la inversión en los proyectos de financiación participativa, que serán tanto la emisión o suscripción de obligaciones, acciones ordinarias y privilegiadas u otros valores representativos de capital, cuando la misma no precise y carezca de folleto de emisión informativo como la emisión o suscripción de participaciones de sociedades de responsabilidad limitada. En el caso de las plataformas decrowdlending, se instrumentalizará mediante la solicitud de préstamos, incluyendo los préstamos participativos, que en ningún caso podrán incorporar una garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual del prestatario.

Hablando de las limitaciones

Finalmente, el tema posiblemente más caliente de la regulación, antes de ver algunos detalles de las figuras de inversor y promotor, son los límites que se han establecido tanto a los proyectos como a la inversión en los mismos. En cuanto a los límites de los proyectos, la Ley ha establecido un máximo de 1 proyecto por plataforma y promotor. Es decir, cada promotor solamente podrá publicar un proyecto de manera simultánea en la misma plataforma. Por supuesto, cada plataforma podrá tener un indeterminado número de proyectos publicados de manera simultánea, pero todos de diferentes promotores y, a la vez, cada promotor podrá tener publicados un indeterminado número de proyectos de manera simultánea, pero en diferentes plataformas.

En cuanto a los límites de las inversiones, la Ley ha establecido un máximo de captación por proyecto y plataforma que no podrá ser superior a los 2.000.000€, siendo posible realizar sucesivas rondas de financiación que no superen esta cantidad en cómputo anual. En el caso de que el proyecto se dirija exclusivamente a inversores acreditados, concepto que detallo un poco más abajo, este importe puede ascender a 5.000.000€.

Esta limitación ha sido ampliamente discutida en las redes sociales, tanto por parte de las plataformas existentes como por los usuarios de las mismas, ya sea como inversores o como promotores e incluso por los ciudadanos en general. Una limitación a la libertad es siempre mal recibida y sobre todo cuando viene sin una justificación clara, como ha sido el caso. Se ha hablado de que esta limitación viene a prevenir el lavado de dinero negro en este tipo de plataformas, pero si así fuera, habría que regular muchas otras actividades susceptibles de tener el mismo fin y que, actualmente no tienen estos límites de inversión, como la bolsa o cualquier inversión a plazo fijo en un banco.

Siendo realistas y dejando a un lado el tema de la libertad individual, en la práctica a día de hoy el límite de los 2.000.000€ no es excesivamente preocupante ya que es una cantidad que aún no se maneja en este tipo de plataformas. Sin embargo, no querría dejar pasar la oportunidad de preguntarme qué pensará Pedro J. Ramírez de la regulación y sus límites dado que, el único caso cuya financiación a día de hoy en España, superó los 2.000.000€, es precisamente la de su periódico online, El Español, que se financió en parte con equity crowdfunding y que supuso un hito en la historia de la inversión participativa, al recaudar 3.606.000€ mediante esta vía. Más información aquí. Con la Ley en la mano, hoy esto ya no sería posible.

Y no solamente hay límite a la captación por proyecto, sino que también la Ley ha establecido unos límites de inversión a los inversores no acreditados. En el caso de este tipo de inversores, las plataformas de financiación participativa se asegurarán de que sus límites de inversión o de compromiso de inversión no superen los 3.000 euros en el mismo proyecto publicado por una misma plataforma o los 10.000 euros en un periodo de 12 mesesen proyectos publicados por una misma plataforma o en proyectos publicados en el conjunto de plataformas. En este caso, la justificación que se ha ofrecido para establecer estos límites a los inversores no acreditados es la protección a este tipo de inversor. Sin embargo, la duda sobre esta motivación persiste de igual modo que persiste con los límites de inversión por proyecto, ¿por qué limitar este tipo de actividades y no las que suceden en la bolsa o los fondos de inversión?

La figura del inversor

Se considerarán inversores a todas las personas físicas o jurídicas queofrezcan financiación, ya sea de manera profesional o no profesional, siempre y cuando la financiación se ofrezca a cambio de un rendimiento dinerario. Es decir, es fundamental que exista un ánimo de lucro o interés monetario, ya que los préstamos sin intereses están directamente excluidos del concepto de plataformas que maneja la Ley.

Ahondando en el concepto de inversor acreditado, la Ley establece que se considerarán como tales a aquellas personas físicas o jurídicas que entren dentro de los siguientes parámetros:

  • A las entidades financieras y demás personas jurídicas que para poder operar en los mercados financieros hayan de ser autorizadas o reguladas por Estados, sean o no miembros de la Unión Europea, incluyendo a las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión, las compañías de seguros, las instituciones de inversión colectiva y sus sociedades gestoras, los fondos de pensiones y sus sociedades gestoras, los fondos de titulización y sus sociedades gestoras, los que operen habitualmente con materias primas y con derivados de materias primas, así como operadores que contraten en nombre propio y otros inversores institucionales.
  • A los Estados y Administraciones regionales, los organismos públicos que gestionen la deuda pública, los bancos centrales y organismos internacionales y supranacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el Banco Europeo de Inversiones y otros de naturaleza similar.
  • A los inversores institucionales que, no incluídos en en el primer grupo, tengan como actividad habitual invertir en valores u otros instrumentos financieros, en particular, las entidades de capital riesgo y sus sociedades gestoras.
  • A los empresarios que individualmente reúnan, al menos, dos de las siguientes condiciones: 1) que el total de las partidas del activo sea igual o superior a 1 millón de euros; 2) que el importe de su cifra anual de negocios sea igual o superior a 2 millones de euros 3)que sus recursos propios sean iguales o superiores a 300.000€.
  • A las personas físicas que cuenten con unos ingresos anuales superiores a 50.000€ o bien un patrimonio financiero superior a 100.000 euros y que soliciten ser considerados como inversores acreditados con carácter previo, y renunciar de forma expresa a su tratamiento como cliente no acreditado. En este caso, dado que 50.000€ al año equivale a aproximadamente a ganar 6.5 veces el SMI al mes, según datos del INE en 2012, solamente el 8.8% de la población ganaba ese salario, incluyendo a la población entre el 6 y el 6.5 del SMI, por lo que el número de personas incluidas en este perfil es bastante reducido.
  • A las pequeñas y medianas empresas y personas jurídicas no mencionadas en los apartados anteriores cuando soliciten ser considerados como inversores acreditados con carácter previo, y renuncien de forma expresa a su tratamiento como cliente no acreditado. Es decir, parece ser que la Ley no pide a estas pequeñas y medianas empresas ningún requisito económico, más allá de la mera solicitud de ser considerados como inversores acreditados.
  • A las personas físicas o jurídicas que acrediten la contratación del servicio de asesoramiento financiero sobre los instrumentos de financiación de la plataforma por parte de una empresa de servicios de inversión autorizada.

La figura del promotor

Los promotores deberán ser personas físicas o jurídicas, debiendo estar válidamente constituido en España o en otro Estado miembro de la Unión Europea en el caso de las personas jurídicas o tener su residencia fiscal en España o en otro Estado miembro de la Unión Europea en el caso de las personas físicas.

Se considerará promotor a todo aquel que solicite financiación y que lo hagaen nombre propio, quedando excluidos todos aquellos que soliciten financiación en nombre de terceros. Esta financiación deberá ser directamente destinada a un proyecto concreto de financiación participativa.

Este proyecto sólo podrá tener naturaleza empresarial, formativa o de consumo, deberá venir con un objetivo de financiación marcado y tener unplazo de tiempo máximo para poder participar en la misma. En el caso de que no se alcanzara el objetivo de financiación dentro del plazo temporal fijado, la Ley indica que se procederá a la devolución de las cantidades aportadas.

Licencia de Creative Commons
El blog de Sara Rodríguez Marín está licenciado bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional License.

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