Sobre el canon del cine

He tenido la oportunidad en los últimos días de toparme con la problemática del llamado “canon del cine”, que no es, ni más ni menos, que la obligación de financiación anticipada de la producción europea de películas cinematográficas, películas y series para televisión, documentales y series de animación, y que se recoge en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, Ley General de la Comunicación Audiovisual.

La naturaleza de esta obligación fue cuestionada desde el inicio, habiendo pasado por el Tribunal Supremo y por el Constitucional para, finalmente, poder avalar su constitucionalidad (a pesar de que agrupaciones como UTECA no quedasen satisfechas con la resolución), así que considerando su naturaleza y aprovecho para compartir los datos básicos de esta obligación.

Según la CNMC, en un informe publicado en diciembre de 2014 sobre el cumplimiento de esta obligación, los principales obligados al pago se podrían clasificar en las siguientes categorías:

  • Prestador público: RTVE.
  • Prestadores privados licenciatarios de diversos canales en abierto de TDT: ATRESMEDIA, MEDIASET, NET TV y VEO TV, estos dos últimos que ceden o alquilan sus frecuencias, entre los cuales a 13 TV.
  • Plataforma emisora y comercializadora de canales propios y ajenos: DTS.
  • Prestadores que comercializan sus canales y contenidos en la modalidad de pago.
  • Prestadores de comunicación electrónica que emiten canales y/o contenidos sometidos a la obligación, tanto en la modalidad de fijo como en movilidad.

En todo caso, según indica la Ley, quedan excluidas de esta obligación las televisiones locales que no formen parte de una red nacional.

Respecto a la contribución a la que vienen obligadas será del 5% de los ingresos en el caso de entidades privadas y 6% en el caso de las públicas.

En cuanto a la distribución del canon, el 60% deberá dedicarse a películas cinematográficas (de cuya cantidad un 60% ha de estar destinado a la producción en alguna de las lenguas oficiales en España). Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual podrán dedicar hasta el 40% restante, y hasta el 25% en el caso de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de titularidad pública, del total de su respectiva obligación de financiación. Dentro de estos porcentajes, los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de titularidad pública deberán dedicar un mínimo del 50 % a películas o miniseries para televisión.

Finalmente, el control y seguimiento del cumplimiento de la obligación vendrá a cargo del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, previo dictamen preceptivo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

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